Lo hizo a instancias de la demanda interpuesta por la yerbatera misionera La Cachuera. La disposición 170 del INYM limita el área en la que puede plantarse a partir de enero de 2022. La medida causó sorpresa y malestar en la cadena productiva.
Productores y referentes de la producción yerbatera en Misiones fueron sorprendidos por una medida judicial que apunta a suspender la resolución N°170 del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Debido a esto crece la preocupación y el malestar en el sector, mientras afirman que apelarán la orden impuesta por Gustavo Fresneda, juez federal de Paso de los Libres, Corrientes.
La aplicación de la mencionada resolución 170, regula las nuevas plantaciones de yerbales con un tope máximo de cinco hectáreas a partir del 1° de enero del 2022, buscando un crecimiento equitativo para todos los sectores. Además, establece que se podrá implantar anualmente hasta el 2% de las superficies de yerbales ya existentes y declaradas ante el INYM, y estarán habilitados para reponer todas las plantas secas o muertas dentro de un lote ya declarado, sin alterar la densidad original.
Ante esto, la empresa La Cachuera elevó una medida cautelar ante el Juzgado de Paso de los Libres, en la cual se basó el juez Fresneda, para suspender la aplicación de la Resolución 170. El movimiento judicial contó con el apoyo del Gobierno de Corrientes.
Entrevistado por PRIMERA EDICIÓN, Ricardo Maciel, representante del Gobierno de Misiones y vicepresidente del INYM, recordó que “en situaciones similares desde Corrientes se dieron fallos similares, incluso desde el mismo Juzgado. Pero, tal vez lo que sorprende ahora es que el pedido parte de una empresa misionera”.
Para hoy: “Seguramente el lunes estaremos trabajando con el Departamento Jurídico del Instituto para apelar la medida”, adelantó Maciel.
Al mismo tiempo indicó que “más allá de la cuestión judicial queda claro que cuando se busca equilibrar la producción y evitar la concentración, determinados actores recurren a la Justicia para imponer condiciones”.
“Los mismos actores son los que bajan los precios al productor, aduciendo que están en crisis y no disponen de recursos para mejorar las condiciones de compra, pero luego apuestan a aumentar sus plantaciones de yerba”, cuestionó.
Maciel añadió: “Lo que pretenden es ir a una hiper concentración que les permita instalar una presión de sobreoferta, para que esa situación les resulte favorable”.
“Así, empiezan a trabajar con la conveniencia de poder decidir cosechar sus propias plantaciones o salir a comprar la hoja a precios bajísimos en otros lugares. Lo hacen no por necesidad de tener la hoja verde, sino para concentrar y tener la posición dominante del negocio”, acusó a la molinería.
Intervención de la Justicia
Por su parte, Rubén Alvez, representante titular de los trabajadores rurales en el INYM, opinó ante la consulta de este Diario: “Tomamos con mucha preocupación una intervención de la Justicia sobre una resolución que emitió el Instituto, con las facultades para hacerlo, y que apuntaba al ordenamiento yerbatero para equilibrar y que no se concentren en unos pocos la totalidad o la mayoría de la producción”.
“Es muy grave que la Justicia se entrometa por el interés de unos pocos a un organismo que controla y regula la actividad. Sorprende que un juez crea que tiene injerencia sobre un organismo nacional que justamente está para regular a la actividad”, criticó.
En el mismo sentido remarcó que el objetivo de la Resolución 170 “es que no pase lo mismo que sucede con el té, donde dos o tres grandes empresas manejan toda la producción, lo cual condiciona a los productores. Los miles de productores de té hoy son nada más que productores pequeños de tierra, porque los que manejan todo son los que cosechan, compran, venden, y regulan el mercado”.
“No queremos que eso pase en la yerba donde somos una gran familia en la que viven muchísimos productores, trabajadores, PyME y secaderos. No podemos dejar que un sector controle toda la actividad”, afirmó.
Además, Alvez consideró que la medida judicial “va en detrimento de los productores y afecta a los trabajadores, ya que si el productor no puede vender bien su producto entonces también se le complica pagar a su mano de obra”.
“La decisión judicial responde a un pedido del sector industrial por las grandes empresas. Estamos dando igualdad de participación a toda la cadena productiva industrial porque tienen su porcentaje de plantaciones, pero no contentos con esto quieren tener su propia concentración y acopio de yerba”, opinó Alvez.
Por otro lado, adelantó que “esto también puede impactar en los precios en góndola para el consumidor final. Hay que recordar que a menor precio del valor de la materia prima mayor precio tiene el paquete a la salida de molinos, y eso lo que va a producir será grandes ganancias concentradas en un sólo sector”.
“Favorecen a grandes industrias”
En tanto que el productor yerbatero Martín Dellien dijo que “sorprende la medida del juez, y es realmente una pena que no se pongan en el lugar del otro, porque le dan argumento a una empresa que no tiene faltante de yerba”.
“Es lamentable que se piense de esa forma y no se proteja al pequeño y mediano productor. Sin embargo, no es raro que esta medida judicial se haya tomado en Corrientes. Creo que se defienden los intereses de las grandes industrias. Es parte del ‘lobby’ y el trabajo que hace el sector industrial queriendo dar pelea a una medida que protege al pequeño productor. Y siempre un juez o algún organismo aparece a favor de las grandes industrias”, resaltó
Dellien agregó: “Una vez que se logra una buena medida que protege al productor viene y pasa esto. Con esta perspectiva, a nadie le importa el pequeño productor, siempre protegen al que tiene plata”.
Finalmente, el dirigente del Norte recalcó que la iniciativa impulsada por el INYM “es pareja para todos, y es una idea que me parece acertada porque protege de forma muy ejemplar al pequeño y mediano productor de Misiones”.
Dejar una contestacion