Se trata de la Ley VIII-N°108 que crea el “Programa provincial de acceso a certificaciones forestales”. La asociación advierte que la norma podría “perturbar gravemente” a todo el sector productivo e industrial de esta actividad.
A finales de mayo de este año, la Cámara de Representantes de la Provincia aprobó la Ley VIII-N°108 que crea el Programa provincial de acceso a certificaciones forestales. Esta normativa tenía como objeto brindar asistencia técnica a productores forestales para alcanzar estándares globales de gestión sostenible.
No obstante, desde la Asociación Forestal Argentina (AFOA) emitieron un comunicado donde se manifestaron por la sanción de la ley que fue publicada por el Gobierno de la provincia el pasado 12 de junio del corriente año, respectivamente.
“Actualmente existen sistemas de certificación vigentes que comprenden la gestión forestal sostenible y la cadena de custodia, reconocidos internacionalmente y de probada trayectoria, como FSC y PEFC Argentina, con manuales de procedimiento y registros específicos y auditoría de tercera parte. Es por ello, que a partir del análisis de la ley de referencia no queda claro de qué manera este programa provincial se complementará con estas certificaciones ya en funcionamiento entendiendo además que existen inconsistencias para la implementación del programa en cuestión” declaró el ingeniero Francisco José Torres, coordinador AFOA regionales Misiones y Corrientes en el comunicado.
Según el ordenamiento de bosques nativos realizado bajo la Ley 26.331, actualmente Misiones reconoce 1,6 millones de hectáreas de bosques nativos, de las cuales 233 mil (14%) están en categoría roja (Conservación); 900 mil (56%) en categoría amarilla (Gestión sostenible) y 477 mil (30%) en categoría verde (que puede cambiar el uso del suelo).
De las más de 400.000 hectáreas de plantaciones forestales existentes, advierten desde la AFOA, se registra una superficie certificada con sello PEFC, segmentada en 146 mil hectáreas de plantaciones y 134 mil hectáreas de bosques nativos.
Por su parte, la superficie certificada bajo certificación FSC ostenta 117 mil hectáreas de plantaciones y 92 mil de bosques nativos. Estas superficies ubican a Misiones como la provincia con mayor superficie certificada en bosques nativos del país y de las de mayor superficie en plantaciones, lo que muestra la capacidad y experiencia adquirida para poder tener dos sellos más estrictos del mundo.
“Claramente”, sostienen en el comunicado, “los sistemas de certificación forestal ya establecidos tienen reglas y estándares que determinan los requisitos que deben cumplir los procesos de certificación y los organismos de certificación, incluyendo los de competencia del organismo y sus auditores”.
A su vez, el cumplimiento de estos requisitos está sujeto a evaluaciones independientes y anuales realizadas por organismos de acreditación, debido a que, en los sistemas de certificación forestal, el requisito de acreditación es obligatorio.
Contradicciones
Una de las principales preocupaciones de la AFOA, son las contradicciones internas de la norma, que podría presentar inconvenientes al productor forestal.
“Por ejemplo, en su artículo 4, la ley establece como funciones la creación de un programa de auditorías internas para asegurar la correcta certificación de quienes formen parte del programa. Sin embargo, los requisitos de base del estándar técnico de cumplimiento voluntario de Gestión Forestal Sostenible (GFS) y de Cadena de Custodia (CdC) son, entre otros, de cumplimiento legal, motivo por el cual una entidad regulatoria/organismo de control no podría implementar/coordinar auditorías independientes, imparciales y confidenciales por incompatibilidad con su rol original” afirmó Torres.
Respecto a esto, advirtió que, siendo el Estado provincial una de las partes, está imposibilitado de cumplir los requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad que son propios y condicionantes para las certificaciones de tipo voluntario y de tercera parte independiente de las organizaciones auditadas (productores forestales e industrias de base forestal).
“Desde AFOA no sabemos cómo se planificará e implementará dicho programa, dado que la entidad responsable de impulsar el programa de auditorías internas es a su vez entidad regulatoria y organismo de control, vulnerando así dos de los principios base de la evaluación de la conformidad: la imparcialidad y la confidencialidad” agregó.
Asimismo, se desconoce cómo se implementará la coordinación de las auditorías de certificación con los organismos de certificación que se establecen en su artículo 4 (inciso 9), ya que los procesos de certificación voluntaria de tercera parte independiente son acuerdos establecidos entre entidades privadas (organismo de certificación y empresa sujeta a la certificación) o entre entidades públicas y un privado (entidad pública sujeta a la certificación y organismo de certificación), sometidos, nuevamente, a un contrato de certificación, al pago de honorarios, a cláusulas de confidencialidad y a las reglas propias del sistema de certificación.
“Consideramos que se duplicarán esfuerzos al generar información que ya se encuentra disponible en los registros públicos específicos de cada sistema de certificación. El programa provincial establece como objetivo ‘promover el relevamiento del estado de certificación de bosques nativos e implantados y de las cadenas de custodia de la Provincia a través de sistemas de georreferenciación’”, citó Torres.
Sin embargo, afirma que los sistemas de certificación forestal vigentes ya poseen bases de datos oficiales y públicos donde reúnen toda la información oficial pública y específica que surgen de los reportes de auditorías realizados en forma anual por terceras partes independientes.
Lo mismo ocurre, aseguran, con la creación del Registro Provincial de Producciones y Productos Forestales Certificados que la ley establece en su artículo 5, ya que “no queda claro el objeto del mencionado registro y de dónde se obtendría la información para la base de datos. Nuevamente hacemos notar que los sistemas de certificación forestal vigentes ya tienen bases de datos con toda esta información verificada y publicada y con un estricto control del uso del sello” dice Torres.
Posteriormente, en su artículo 6 la Ley establece la participación del Instituto Forestal Provincial (InFoPro) en lo concerniente a la certificación, cadena de custodia y procesos de industrialización y comercialización de productos forestales provenientes de bosques implantados.
“AFOA ha sido un fuerte impulsor del desarrollo tanto de las Normas IRAM por gestión forestal sostenible que fueron homologadas por PEFC Internacional como de la consolidación de la oficina nacional de FSC, con el objetivo que los productores forestales, a través de la certificación, tengan acceso a los mercados y cadenas globales de productos más exigentes”, afirman desde la entidad.
Por esto, desde la asociación esperan poder sumarse al diálogo y aportar toda la colaboración y conocimientos necesarios, ya que consideramos como una oportunidad superadora que el Estado provincial colabore a elevar las prácticas de gestión sostenible de los bosques en Misiones de acuerdo a los principios y criterios aceptados internacionalmente y, de ser necesario, validar los procedimientos de sus diversos organismos involucrados en la materia, ajustándolos a normas de transparencia internacionales a fin de contribuir de manera eficiente en el incremento de la competitividad y sostenibilidad de toda la cadena de valor forestal de la provincia.
“Compartimos los objetivos del Gobierno provincial de intentar facilitar a todos los productores e industriales forestales el uso de una herramienta que mejoren sus prácticas vinculadas a la sostenibilidad, que es también, mejorar la inserción internacional del sectorE, expresó Torres.
Finalmente, aseguró que, desde la asociación reafirman su voluntad en dialogar con las autoridades provinciales con miras en favorecer e incentivar la certificación de los bosques de Misiones con estándares técnicos de aplicación voluntaria aceptados, validados y reconocidos internacionalmente.
“Y que garantizan el cumplimiento de la compleja estructura de normativas, principios y criterios internacionales, así como la legalidad en el cumplimiento con las normas municipales, provinciales y nacionales que aplican a la actividad forestal, tal como lo aseguran hoy los dos sellos disponibles en el país” finalizó el directivo.
Fuente: Primera Edición
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