La Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), entidad que representa a 28 cámaras empresarias de todo el país, presenta el siguiente documento institucional con el objetivo de aportar información sobre la situación que atraviesan las PyMEs de la cadena forestoindustrial y las economías regionales donde desarrollan su actividad.
Desde la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) nos dirigimos a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, así como a la opinión pública, para poner en conocimiento la difícil situación que atraviesan las distintas ramas de la industria de transformación mecánica de la madera.
Se trata de una actividad productiva industrial localizada en amplias regiones del país (particularmente en el Centro, Patagonia, Noreste y el Noroeste argentino), donde el aserrado, la producción de tableros y la industria del mueble constituyen el principal sostén del empleo y del entramado económico local. Su deterioro no afecta únicamente a un sector: compromete la viabilidad económica de comunidades enteras del interior productivo.
La primera transformación: demanda en retroceso y costos en dólares
En el eslabón de la primera transformación se combinan dos fenómenos de signo opuesto y efecto convergente. Por el lado de los ingresos, la demanda interna se ha contraído de manera pronunciada, impulsada principalmente por la desaparición de la obra pública y por la caída de la construcción privada, consecuencia directa de los elevados costos de construir medidos en dólares.
Por el lado de los costos, el ancla cambiaria ha tornado adversa la estructura de costos salariales frente a la competencia extranjera. La industria argentina abona actualmente salarios que, para posiciones equivalentes del sector industrial, se ubican en torno a los 1.000 a 1.400 dólares mensuales. La comparación regional resulta desfavorable: en Brasil, esas mismas posiciones se remuneran en valores cercanos a los 600 dólares, y en China, entre 500 y 600 dólares mensuales. El diferencial de costo laboral en moneda dura erosiona de raíz la capacidad de competir, tanto en el mercado externo como frente a las importaciones en el mercado interno.
Este diferencial se agrava con la evolución de dos costos críticos. Por un lado, el energético: durante los últimos dos años y medio, en el actual contexto cambiario, el incremento de las tarifas ha operado directamente en dólares, encareciendo un insumo esencial para la actividad industrial. La magnitud del salto es elocuente: según informes privados, la tarifa energética acumuló en el último semestre un aumento cercano al 300%, muy por encima del 17% de inflación registrado en el mismo lapso. Por otro lado, el combustible, cuyo peso atraviesa transversalmente toda la matriz de costos del sector. Su incidencia es doble: en el plano productivo, encarece el abastecimiento de materia prima —que en nuestra cadena se moviliza mayoritariamente por transporte carretero, desde el monte y el aserradero hasta la planta— y, en el plano logístico, eleva el costo de la distribución en el mercado interno y de la colocación de productos en el comercio exterior. Dada la alta incidencia del flete sobre bienes de volumen considerable, el encarecimiento del combustible golpea de manera particularmente aguda a una industria dispersa territorialmente, cuyos centros productivos se ubican lejos de los grandes mercados de consumo.
En materia de empleo, el sector genera alrededor de 60.000 puestos de trabajo directos, a los que se suma una cantidad similar de empleos indirectos. Sin embargo, según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la combinación de ingresos en retroceso y costos en constante aumento ha deteriorado fuertemente la situación de numerosas empresas, llevando a muchas de ellas al límite de su sostenibilidad económica y financiera, e incluso al borde del cierre o del concurso preventivo. En este contexto, durante los últimos 12 meses, el sector registra una caída superior al 10% en el empleo directo e indirecto, reflejo de la profunda contracción que atraviesa la actividad.
Los bienes finales: caída del consumo y competencia importada
Al avanzar en la cadena de valor, el segmento de bienes finales (muebles y carpintería) suma a las dificultades ya descritas la marcada caída de la demanda, producto de la contracción de los ingresos reales del sector privado.
A ello se agrega una amenaza estructural: la creciente presencia de bienes importados que ingresan al mercado en posición arancelaria ventajosa. Se configura así una asimetría que penaliza la producción nacional: los bienes finales importados acceden al mercado con un arancel menor que el que soportan los insumos que la industria local necesita para fabricar esos mismos bienes de alto valor agregado y elevada generación de empleo.
El caso de la construcción con madera es particularmente ilustrativo. Al encarecimiento del costo en dólares se suma la irrupción de alternativas habitacionales de menor calidad y precio provenientes del exterior (principalmente de China), cuyo valor, producto del ancla cambiaria, resulta tan bajo que vuelve imposible la competencia. El resultado es la destrucción de empresas y de empleo local, y la sustitución de producción nacional de calidad por soluciones habitacionales de calidad inferior.
El costo financiero: una restricción adicional
A todo lo anterior se suman las elevadas tasas de interés vigentes en el sistema financiero. Su efecto es doble: por un lado, desalientan la demanda interna de bienes durables; por otro, comprometen la viabilidad financiera de las empresas que necesitan financiar capital de trabajo para sostenerse durante la crisis. A modo de ejemplo, según datos del Banco Central, las tasas de las tarjetas de crédito y de los préstamos personales se ubican en torno al 110% anual, frente a una inflación anualizada cercana al 33,5%. Esto arroja tasas de interés reales extraordinariamente elevadas, que desincentivan cualquier forma de financiamiento al consumo —el principal motor de nuestra cadena de bienes finales—. La restricción de acceso al crédito en condiciones razonables limita, precisamente, la herramienta que permitiría a muchas firmas capear el cic lo adverso. Esta situación no es nueva: durante los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026, numerosas PyMEs del sector debieron financiar su capital de trabajo a tasas que rondaban el 70% anual, en un contexto de inflación en torno al 35% para ese mismo período. El costo real del financiamiento que vienen soportando estas empresas, sostenido en el tiempo, erosiona su capacidad de subsistencia.
Nuestro pedido
Por todo lo expuesto, solicitamos a las autoridades que prioricen la recomposición del tejido industrial y un proceso de reutilización de la capacidad instalada, hoy ociosa, que devuelva la pujanza económica a las regiones del país donde la foresto-industria se encuentra emplazada.
La industria de transformación mecánica de la madera es un sector mayoritariamente conformado por pequeñas y medianas empresas, de estructura federal y fuerte arraigo territorial. Debemos señalar, con la franqueza que el momento exige, que estas empresas no encuentran hoy cabida en el diseño de las políticas vigentes. Los esquemas implementados suponen una capacidad de resistencia (financiera, de escala, de acceso al crédito) que la PyME no posee, y las consecuencias ya están a la vista: mientras para una gran empresa el escenario actual representa una tensión, para las pequeñas y medianas se traduce, hoy, en suspensiones, caída de la producción y cierres que se multiplican mes a mes. El ajuste no se está distribuyendo de manera neutral: recae, en este mismo momento, con particular dureza sobre el eslabón más frágil y, a la vez, más federal y generador de empleo de la cadena.
A esta altura, el margen de espera se está agotando. La capacidad de las empresas para sostenerse aguardando un cambio de contexto (que durante un tiempo permitió absorber la crisis) hoy está prácticamente exhausta: cada mes que transcurre sin una respuesta se traduce en capacidad productiva que se pierde y en empleo que no se recupera. Por eso resulta imprescindible que las autoridades acompañen a este entramado productivo con medidas concretas que le permitan atravesar esta etapa. No se trata de un pedido de privilegios, sino de la preservación de una base industrial que, una vez desmantelada, es muy difícil y costosa de reconstruir.
Preservar esta capacidad productiva no es únicamente una cuestión sectorial: es una decisión estratégica sobre el desarrollo de las economías regionales, el empleo del interior y el agregado de valor a un recurso genuinamente argentino. Desde FAIMA reclamamos que estas particularidades sean contempladas en el diseño de las políticas públicas, y reafirmamos nuestra plena disposición al diálogo y al trabajo conjunto con el sector público para revertir esta situación.
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