La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, se diseñó con el objetivo de equilibrar la producción económica y la conservación ambiental, estableciendo el marco legal necesario para el uso sustentable de los bosques nativos de Argentina. Sin embargo, casi dos décadas después de su promulgación, su implementación continúa sufriendo un desfinanciamiento sistemático que compromete seriamente los objetivos de conservación que la norma propone.
El proyecto de presupuesto nacional 2026 presentado por el Poder Ejecutivo asigna apenas el 3,5% de los fondos que la ley establece, marcando el menor financiamiento histórico desde su sanción. Esta situación ha generado la alarma de organizaciones ambientalistas, que advierten que la falta de recursos adecuados pone en riesgo la protección de más de 53 millones de hectáreas de bosques nativos distribuidos en todo el país.
Los bosques nativos no solo albergan biodiversidad: cumplen funciones esenciales para la sociedad y la economía. Contribuyen a mitigar y adaptarse al cambio climático, regulan los ciclos hídricos, sirven como hábitat para miles de especies y sostienen a comunidades locales.
Además, proveen alimentos, agua potable, medicinas y materias primas, y ayudan a prevenir fenómenos extremos como inundaciones y erosión.
Su pérdida, advierten los especialistas, implica consecuencias sociales, económicas y ambientales muchas veces irreversibles. “Conservar y utilizar sustentablemente los bosques nativos es una obligación”, enfatizó Manuel, Jaramillo director general de Vida Silvestre, en TN.
El impacto del desfinanciamiento
Los especialistas advierten que la falta de fondos limita la capacidad de las provincias para fiscalizar y controlar desmontes ilegales, al tiempo que desalienta a los propietarios a conservar y restaurar sus tierras.
En paralelo, la deforestación continúa avanzando en zonas donde está expresamente prohibida, producto de la expansión agropecuaria, forestal, urbanística y vial.
Las áreas incendiadas o degradadas tampoco están siendo restauradas como indica la normativa. A esto se suma la ausencia de un registro nacional de infractores, una herramienta clave que permitiría articular sanciones y políticas públicas para desincentivar las violaciones a la ley.
“Desde Fundación Vida Silvestre realizamos este pedido todos los años, porque es algo que se repite en cada presentación del presupuesto nacional. Y aunque el proyecto de ley suele incorporar mejoras en su formulación, el monto asignado siempre termina siendo muy bajo e insuficiente”, agregó Jaramillo.
“Excepto en los inicios de la Ley, el presupuesto nunca superó el 10% de lo que correspondería, lo que evidencia una falta de voluntad política para cumplir con esta norma clave para la conservación”, sostuvo el experto en ambiente.
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